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El alcalde de Miguelturra, Román Rivero (PSOE), ha defendido que su actuación fue "correcta" en el caso de la construcción de la depuradora municipal del anejo vecinal de Peralbillo, tras la denuncia presentada por varios vecinos y el PP, que consideran estas obras ilegales.

Rivero, que ha declarado en calidad de imputado ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real tras las denuncias presentadas por varios vecinos de la pedanía de Peralbillo y por el PP por las supuestas irregularidades en la construcción de la depuradora municipal, ha justificado ante el juez las actuaciones que han llevado a cabo durante la ejecución de este proyecto.

Ha comentado a la salida del juzgado que, "lo que ha quedado bastante claro es que la actuación es la correcta y el Ayuntamiento ha hecho lo que los técnicos han marcado cómo debe ser".

El alcalde de Miguelturra ha señalado que su declaración ante el juez se ha desarrollado con normalidad para explicar y aportar toda la información que necesitaba para "conocer exactamente" cuáles habían sido las actuación que ha realizado y que, ha reiterado, creen "eran las correctas".

Querella criminal

Los vecinos denunciantes habían presentado una querella criminal por falsedad en documento público y prevaricación contra el alcalde por asuntos relacionados con estas obras, mientras que el Partido Popular, habían interpuesto una demanda contra Rivero, y el arquitecto técnico, Santos Peña, por considerar que habían cometido irregularidades en la construcción de la depuradora de la pedanía.

En el juicio, también ha sido citado a declarar como imputado el vicesecretario del ayuntamiento de Miguelturra, Joaquín Avilés.

Los hechos se remontan a 2008 cuando el ayuntamiento comenzó las obras de construcción de la depuradora municipal de Peralbillo en un suelo que consideraba municipal.

Denuncia de los vecinos

Varios vecinos de la zona donde se estaba construyendo esta infraestructura municipal presentaron una denuncia en 2009 por la vía de lo contencioso contra esta construcción, que se estaba realizando a escasos metros de distancia de su casa.

Las obras, según estos vecinos, no contaban con el visto bueno de la Consejería de Sanidad, ni de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por ubicarse en terreno de Dominio Público Hidráulico, junto al pantano de El Vicario, lo que motivó que ordenara la suspensión de las mismas en dos ocasiones, aunque el Ayuntamiento retomó posteriormente el proyecto.

El argumento del alcalde

En este sentido, el alcalde de Miguelturra ha asegurado que el Ayuntamiento no necesitaba permisos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ni de la Consejería de Sanidad porque lo que se estaba haciendo era "sustituir una depuradora que ya existía por otra", al existir en el mismo lugar una depuradora obsoleta.

Román Rivero ha justificado la actuación por el hecho de lo que se estaba haciendo era "reparar" el sistema de depuración de este anejo municipal.

En relación a la paralización de las obras, el alcalde ha dicho que de momento siguen así y que existe otro contencioso abierto con la Confederación Hidrográfica del Guadiana por este tema, puesto que esta defiende que se ha construido en suelo de dominio público hidráulico.

Rivero, en este caso, también ha indicado que está haciendo "lo correcto" y, en cualquier caso, ha advertido, si no es así, "lo deberán determinar los jueces en su momento".

Los vecinos, que también han denunciado que se habría producido prevaricación y falsedad de documento público por el hecho de que el ayuntamiento habría realizado la recepción de estas obras como terminadas, sin que realmente se hubieran acabado, han presentado ante el juez pruebas fotográficas e informes que, según ha dicho Ignacio Fernández, uno de los afectados por el caso, "demuestran que esto no es así".