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Los delegados de los 26 Comités de Empresa y de las Juntas de Personal de los empleados de la Junta, que representan a 7.000 trabajadores, se han encerrado este martes, con previa autorización, en las cinco delegaciones provinciales del Gobierno regional para consensuar más acciones contra los "recortes".

En los encierros están participando los delegados del personal laboral y funcionario de la Junta, ya que los docentes y sanitarios realizarán asambleas por separado.

Tras los encierros, se espera que los sindicatos anuncien nuevas acciones contra la "mal llamada" -según han dicho a los periodistas- Ley de Medidas Complementarias que contiene una rebaja del 3 % del salario a los empleados públicos y el aumento de la jornada laboral en dos horas y media a la semana.

Rechazo total

Antes de entrar en la delegación de la Junta de Toledo, el responsable del comité de Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales, Santiago Calatrava, ha leído un manifiesto reiterando el "rechazo total y absoluto" a la citada ley y denunciando la "falta de coberturas".

El manifiesto expresa el "rechazo al descrédito" de los funcionarios que, en su opinión, el Gobierno regional se ha encargado de introducir en la opinión pública.

En declaraciones a los periodistas, la responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Beatriz Tormo, ha dicho que la Junta "no sólo está actuando contra los trabajadores públicos, sino contra los servicios públicos".

Por ello, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan este próximo 11 de febrero a la movilización de la función pública y ha insistido en que si el Ejecutivo de Castilla-La Mancha retira la ley y negocia con los sindicatos desconvocarán la huelga prevista para 29 de febrero.

Sin embargo, si la Junta no llama a los sindicatos para negociar, Beatriz Tormo ha avisado: "el cuerpo, nos pide guerra".