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La Dirección General del Ministerio de Trabajo e Inmigración ha dado este martes el visto bueno al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que ha propuesto la empresa andaluza Urende, con sede en Córdoba, y que afectará durante dos meses a 390 empleados de los 700 que componen la plantilla y supondrá el cierre de doce de las 22 tiendas que la entidad tiene en España.

Así lo ha confirmado a el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ) de UGT Córdoba, Antonio Vacas, quien muestra el "optimismo" de los empleados e informa de que "ahora todo el material de las tiendas que se cierran se empezará a mandar a las que se mantienen abiertas".

En concreto, las diez tiendas que se mantienen abiertas se ubican en Córdoba, Tomares (Sevilla), Málaga, Jaén, Granada, Huelva, Almería, Vícar (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ciudad Real; situación que para el representante de los empleados supone "un paso atrás de repliegue de la empresa ciñéndose a Andalucía, pero que se espera que sirva para dar después un paso adelante".

Mientras, los trabajadores de Urende acogen con "satisfacción" el ERTE para dos meses, porque reduce de 450 a 390 los empleados afectados y finalmente serán diez las tiendas que se mantienen abiertas, después de que en un principio se barajaban solo seis de los 22 establecimientos. Es por ello que esperan que "se consiga la viabilidad de la empresa y retome el vuelo".

Balón de oxígeno

El ERTE tiene una duración de 60 días y los 390 empleados afectados recibirán de la empresa un complemento de 400 euros lineales, 100 euros para los empleados que a la finalización del ERTE permanezcan en la empresa, como complemento al desempleo, y 300 que se sumarían a las futuras indemnizaciones para las extinciones definitivas de contrato.

Los sindicatos califican el trámite como "balón de oxígeno" que le dan a la empresa, en situación de preconcurso de acreedores y con una deuda de 180 millones. Mientras, el sindicato CCOO ha pedido que los trabajadores de las tiendas que sean adquiridas por otro operador o cadena de electrodomésticos sean subrogados en sus condiciones laborales, como principal requisito para seguir adelante con las negociaciones entre empresa y sindicatos.