crdiario.com - Noticias, actualidad, información y opinión de Ciudad Real y su provincia

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha admitido a trámite el recurso presentado por los afectados por las obras de construcción de la depuradora de Peralbillo, contra el auto del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real, que declaró sobreseído el caso.

El recurso fue presentado contra la resolución del este juzgado por varios vecinos afectados por estas obras y por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Miguelturra, que habían denunciado al alcalde de Román Rivero, y a varios funcionarios municipales, al considerar que habían cometido irregularidades en la construcción de esta depuradora en la pedanía de Peralbillo.

Los recurrentes anunciaron en su día que recurrirían la sentencia por considerar que el juzgado que dictó sentencia no había acabado la instrucción de la causa y que sólo consideró las declaraciones de los imputados "sin ninguna base probatoria alguna, con excusas inciertas ante lo que es evidente y probado, que no estaban acabadas las obras de la depuradora cuando firmaron el final de obra".

Asimismo, consideraron que los imputados inicialmente en el proceso "no han presentado ninguna prueba que respalde sus declaraciones ni contradigan los hechos denunciados".

Han justificado la presentación de su recurso porque que se han desestimado pruebas presentadas por los denunciantes como documentos gráficos, denuncias, informes y expedientes.

Entienden también que no se han estimado otras peticiones como la de realizar una visita a la obra para comprobar cuál es su estado actual.

Una larga historia

Los hechos se remontan a 2008 cuando el Ayuntamiento comenzó las obras de construcción de la depuradora municipal de Peralbillo en un suelo que consideraba municipal.

Varios vecinos de la zona donde se estaba construyendo denunciaron que se estaba realizando a escasos metros de distancia de su casa y que no contaban con el visto bueno de la Consejería de Sanidad ni de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por ubicarse en terreno de dominio público hidráulico, junto al pantano de El Vicario.

Este hecho motivó que ordenara la suspensión de las mismas en dos ocasiones, aunque el Ayuntamiento retomó posteriormente el proyecto, a pesar de la supuesta falsedad del documento de obra.

Satisfacción

Uno de los afectados por las obras, Ignacio Fernández, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la causa haya sido admitida a trámite y pueda continuar en la Audiencia Provincial.

Fernández ha indicado que el proceso "sigue abierto tras las alegaciones" lo que puede permitir comprobar que en contra de lo manifestado por los acusados, la construcción de la depuradora no está aún terminada y "falta por ejecutarse en un 35 por ciento", por lo que no podía "estar pagada y cobrada".