Ciudad Real | 29-SEPTIEMBRE-2011
El movimiento 15-M acusa al Obispado de actuar como una agencia inmobiliaria
EFE
La familia desahuciada residía en un piso arrendado por el Obispado de Ciudad Real
El Movimiento 15-M ha lamentado públicamente la actitud del Obispado de Ciudad Real en relación a la postura que ha mantenido con respecto al desahucio de una familia de un piso propiedad de Seminario y ha pedido a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento facilidades para que puedan ser realojados.
En un comunicado de prensa, el movimiento ciudadano ha indicado que el reciente desahucio de esta familia cobra "un especial dramatismo", en tanto que ha dejado en la calle a toda una familia que se ha visto obligada a pernoctar en el portal de la que hasta ahora era su casa.
Para el 15-M, este es un ejemplo más de la lamentable situación que vive tanto la región como el resto de España entera en lo que se refiere al incumplimiento del derecho fundamental a la vivienda que tienen los ciudadanos.
Este colectivo ha mostrado su "extrañeza y decepción" por la actitud que ha mantenido el Obispado de Ciudad Real como arrendador el piso del que ha sido desalojada la familia.
El Obispado "teóricamente defiende un ideario que tiene entre sus piedras angulares la ayuda al más necesitado", por lo tanto, se han preguntado cómo es posible que en este caso haya actuado como "una agencia inmobiliaria, anteponiendo el lucro a la caridad cristiana", más si encima se tiene en cuenta que el piso procedía de la herencia de un creyente.
El Movimiento 15-M ha asegurado que no va a entrar en analizar o hacer juicios de valor sobre los antecedentes de desahucio que pueda tener esta familia, pero si le ha pedido al Obispado que "reconsideren su decisión y lleguen a un acuerdo" con ellos, de manera que "se solvente esta situación de desamparo hasta que puedan rehacer su vida o, al menos, recibir el apoyo que necesitan".
El papel de las administraciones
Por otro lado, han pedido a las instituciones públicas como la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento que garanticen una vivienda digna a todas las personas.
En este sentido, han instado a emprender una política de vivienda pública que dé prioridad a la garantía del derecho fundamental a la vivienda, ofreciendo opciones de alquiler asequibles para las capas sociales en situación económica desfavorable y que contrapese la excesiva importancia que en esta materia ha tenido el lucro de las empresas inmobiliarias.
- Esta es la opinión de los internautas, no de CRDiario
- No está permitido verter comentarios contrario a las leyes españolas, difamatorios, injuriantes o de contenido ilegal
- CRDiario se reserva el derecho a eliminar cualquier comentario ajeno al tema o con publicidad.