Miguelturra | 11-SEPTIEMBRE-2011
El juez cita al alcalde de Miguelturra por el caso de la depuradora
EFE
Román Rivero se enfrenta a una querella criminal por falsedad en documento público y prevaricación
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CRDiario
El alcalde de Miguelturra, Román Rivero, declarará como imputado el próximo jueves en el Juzgado número 3 de lo Penal de Ciudad Real ante la denuncia presentada por el PP y un vecino de la pedanía de Peralbillo por las supuestas irregularidades en la construcción de la depuradora municipal.
Según ha dado a conocer el propio vecino que presentó una querella criminal contra el alcalde, Ignacio Fedez Díaz, la comparecencia de Román Rivero se producirá después que se aplazara la que estaba prevista que tuviera lugar el pasado día 2 de agosto ante el juzgado número 6 de lo Penal.
Este juzgado debería haber visto el caso, pero, tras presentar los abogados del ayuntamiento de Miguelturra un escrito ante el juzgado número 6 de lo penal de Ciudad Real, dicho juzgado se ha inhibido en favor del número 3, al haber recibido éste una denuncia con fecha anterior del PP por la misma causa.
En esta denuncia, el PP había interpuesto una demanda contra el alcalde de Miguelturra, Román Rivero, y el arquitecto técnico, Santos Peña, por haber cometido irregularidades en la construcción de la depuradora de la pedanía, mientras que el particular Ignacio Fedez Díaz había presentado una querella criminal por falsedad en documento público y prevaricación.
Diligencias previas
El juicio se celebrará una vez que la fiscalía ya ha realizado las diligencias previas, como también lo había hecho el juzgado número 6 acordonando la zona de la depuradora para evitar que el ayuntamiento pudiera destruir pruebas.
Tras la unificación del caso que llevaban ambos juzgados, también ha sido citado a declarar como imputado el vicesecretario del ayuntamiento de Miguelturra, Joaquín Avilés.
La denuncia
Los hechos se remontan a 2008 cuando el ayuntamiento comenzó las obras de construcción de la depuradora municipal de Peralbillo en un suelo que consideraba municipal.
Varios vecinos de la zona donde se estaba construyendo esta infraestructura municipal presentaron una denuncia en 2009 por la vía de lo contencioso contra esta construcción, que se estaba realizando a escasos metros de distancia de su casa.
Las obras, explicaron en su día estos vecinos, no contaban con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por ubicarse en terreno de Dominio Público Hidráulico, que ordenó la suspensión de las mismas en dos ocasiones, aunque el ayuntamiento retomó posteriormente el proyecto.
Además, la denuncia estima que se habría producido prevaricación y falsedad de documento público por el hecho de que el ayuntamiento habría realizado la recepción de estas obras como terminadas, sin que realmente se hubieran acabado.
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