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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a penas que oscilan entre los diez años y los trece años y medio de prisión a las once personas que en la primera semana de julio se sentaron en el banquillo por formar parte de una red que tenía instalado un laboratorio de drogas en una finca en Daimiel (Ciudad Real).

Según la sentencia, el encargado de la organización era D.H.C.O., a quien se le condena a trece años y seis meses de prisión por ser penalmente responsable de un delito contra la salud pública por elaboración de sustancia que causa grave daño, con las circunstancias agravantes de cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización delictiva del que ostentaba la condición de encargado.

Asimismo, también se le impone mayor pena que al resto a W.H.P.M., acusado del mismo delito pero con la agravante de reincidencia, por lo que el juez le impone la pena de doce años de prisión. Mientras, a los otros nueve imputados --R.P.C.; N.C.F.; N.A.T.H.;  E.A.V.S.; M.I.M.V.; L.F.O.A.; J.F.M.M.; H.T.C.H.; y N.M.T., de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, boliviana y venezolana-- se les sentencia a una pena de 10 años de prisión cada uno de ellos.

Además, la sentencia también recoge que todos ellos deberán abonar la misma cantidad en concepto de multa, concretamente 578.222,5 euros cada uno, y considera probado que todos integraban parte de una organización delictiva que puso en marcha el laboratorio de cocaína, a pesar de que todos lo negaron durante el juicio.

Los hechos

El laboratorio, ubicado en una finca de casi 136.000 metros cuadrados, que contaba con varias naves y una vivienda, tenía una capacidad de producción de unos 50 kilos de cocaína a la semana.

Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2009 y, mediante la intervención de varios teléfonos de los detenidos, se llegó a la conclusión de que estaban actuando en la citada finca de Daimiel.

Las diligencias fueron llevadas a cabo por la Unidad Central Antidrogas de la Policía Nacional (UDYCO), cuyos miembros procedieron a entrar en la finca a finales del mes de octubre de 2009, además de llevar otros registros en domicilios de las localidades ciudadrrealeñas de Bolaños y Valdepeñas, donde residían algunos de miembros de la banda.

En el desarrollo de las investigaciones también se confirmó que la base de la droga para producir la cocaína llegaba a España a través del puerto de Valencia.