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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en Valdepeñas (Ciudad Real) un grupo dedicado al tráfico ilegal de mano de obra que tenía hacinadas a cerca de 30 personas en un almacén con contratos supuestamente irregulares.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, quien ha detallado que han sido detenidas tres personas de nacionalidad rumana, representantes de una empresa de trabajo temporal en ese país, por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Otras cuatro personas que trabajaban en las explotaciones han sido arrestadas por tener reclamaciones judiciales vigentes y otra más por quebrantar una orden de alejamiento, ha precisado Díaz-Cano, quien ha añadido que todos ellos están en libertad con cargos.

Tres de los detenidos tenían a una treintena de personas hacinadas en un almacén durante los meses de junio y julio, en los que se dedicaban a labores agrícolas en explotaciones situadas en Cinco Casas y Villarta de San Juan, ambas en la provincia de Ciudad Real.

Las investigaciones de la policía en colaboración con la Inspección de Trabajo han puesto de manifiesto que estos trabajadores venían a Castilla-La Mancha desde Rumanía "en condiciones infrahumanas" a través de una empresa de trabajo temporal que cedía a los trabajadores a una empresa hortofrutícola de Valencia y a otra empresa agrícola de la región. 

Los vecinos del barrio se quejaron

El delegado del Gobierno ha explicado que las detenciones se han producido como consecuencia de las quejas recibidas a finales del mes de junio de los vecinos de la calle Triana, donde se encuentra la nave en la que dormían los trabajadores empleados para la recogida del ajo.

El almacén fue alquilado por una empresa de trabajo temporal rumana para "guardar dos furgonetas", según el contrato de arrendamiento, ha subrayado Díaz-Cano.

El subdelegado del Gobierno ha precisado que el dispositivo de seguimiento que se estableció el pasado 30 de junio permitió constatar que estas personas trabajaban junto a otro grupo numeroso en una finca situada entre Cinco Casas y Villarta de San Juan.

Los tres detenidos por tráfico ilegal de trabajadores son un matrimonio responsable de la empresa rumana en España y el conductor de una de las furgonetas en las que trasladaban a los empleados.

19 personas en una furgoneta

Las furgonetas, según Díaz-Cano, no tenían asientos y en ellas se trasladaban hasta diecinueve personas en condiciones "lamentables".

La empresa rumana de trabajo temporal alquiló la nave por 600-700 euros mensuales y cobraba a cada trabajador cuarenta euros mensuales por albergarlos, lo que les permitía ganar 600 euros mensuales limpios.