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Ciudad Real

La Seguridad Social se querellará contra el Ayuntamiento por tratar de embargarle

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CIUDAD REAL

09-MARZO-2010

El Consistorio reclama el pago de 2,5 millones en concepto de IBI del hospital

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) confirmó este martes que los bienes y cuentas de este organismo público son "inembargables por ley" y que es la comunidad de Castilla-La Mancha la responsable de la gestión y el pago de impuestos del Hospital General de Ciudad Real.

Así lo consideraron a Efe fuentes de la Seguridad Social que desmintieron que el Ayuntamiento de Ciudad Real haya embargado las cuentas de este organismo en varias entidades financieras ante el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte del Hospital General de esa ciudad.

Además, la dirección general de la Tesorería General de la Seguridad Social también ha anunciado que se ha querellado contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por inmovilizar dinero correspondiente a la caja de las pensiones.

Según el concejal de Hacienda de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, el Hospital General de Ciudad Real acumula una deuda de 2.411.813 euros por impago del IBI desde el año 2006, por lo que el consistorio ha inmovilizado cerca de 250.000 euros de la Seguridad Social en diferentes cuentas bancarias.

Sin embargo, fuentes de la Seguridad Social aclararon a Efe que "no se puede embargar al organismo que paga las pensiones" y que una vez traspasadas las competencias de Sanidad a las diferentes comunidades autónomas, la gestión de la misma, así como de los hospitales y pagos de impuestos corresponde a esta administración autonómica.

La Tesorería de la Seguridad Social alega que la legislación establece la "inembargabilidad de los bienes y derechos del Patrimonio de la Seguridad Social".

El consistorio ciudadrealeño considera que la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas asegura que el dinero de las cuentas bancarias no forma parte de ese patrimonio inembargable.

En un comunicado, la TGSS explica que la controversia sobre el edificio se remonta a 2002 cuando se traspasaron a Castilla-La Mancha los bienes adscritos a la Seguridad Social, momento en que el inmueble en cuestión estaba en fase de construcción, por lo que la comunidad autónoma se subrogó en el contrato de obras.

Desde entonces, la comunidad autónoma se ha negado a pagar el IBI basándose en que formalmente el inmueble no estaba en la relación de bienes transferidos "a pesar de que recepcionó la obra en 2005", según la TGSS, que desde ese momento ha tratado de subsanar el error y está a la espera de una actuación administrativa "que cancele definitivamente la omisión inicial".

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